El Notariado analiza las soluciones que el Derecho Patrimonial puede aportar al sector de la vivienda y cómo reforzar la protección jurídica de los ciudadanos.

Durante la 4ª sesión del 11º Congreso Notarial Español, en Benidorm del 13 al 15 de noviembre.


Se debatirá sobre las reformas que podrían ser necesarias para dotar de
mayor seguridad jurídica al sector inmobiliario, y cómo reforzar la
protección de los ciudadanos cuando contratan con los grandes
operadores


En la  inauguración, contó con la participación de la vicepresidenta del Consell, Paula Sánchez de León; el director general de Obras Públicas, Vicente Dómine y de los máximos responsables del Notariado: Manuel López Pardiñas (presidente),Joan Carles Ollé (vicepresidente) y Cesar Belda (decano del Colegio Notarial)


Del domingo al martes próximo, notarios de todo el país, junto con catedráticos y magistrados analizarán en Benidorm las soluciones que el Derecho Patrimonial puede aportar al sector de la vivienda, aquejado de problemas que van desde la dificultad de acceso a un inmueble al pago de los préstamos contraídos, y las reformas que podrían ser necesarias para potenciar la seguridad jurídica y dotar de mayor confianza a este sector.


También debatirán sobre cómo reforzar la protección jurídica de los ciudadanos cuando contratan un préstamo personal o hipotecario con los grandes operadores, como la Banca.

Aunque en estos procesos la normativa vigente pone a disposición de los notarios una serie de mecanismos para equilibrar los contratos, velando por la parte más débil, los participantes en este debate analizarán si son  suficientes las actuales disposiciones legales o si se requieren nuevas normas.


La última medida aprobada para aumentar la información y la seguridad jurídica de los consumidores ha sido la Orden de Transparencia y Protección de Clientes de Servicios Bancarios (BOE del 29 de octubre), que permitirá a los notarios incrementar la protección jurídica de los consumidores. La actual crisis económica ha demostrado que es necesaria una mayor regulación de la
intervención de los grandes agentes en los mercados (bancos, aseguradoras, oferentes de bienes de consumo, etc.) para garantizar la protección de los intereses de la sociedad en general, y en particular, de los contratantes "más débiles".